El adecuado desarrollo reglamentario de la nueva ley de formación para el empleo será clave

AMACFOR-CECAP Madrid organizó una jornada informativa sobre la nueva norma

La Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo fue recientemente aprobada gracias a un amplio consenso parlamentario. Una norma cuyo desarrollo será a partir de ahora clave.

Así lo destacaron los ponentes de la jornada celebrada el pasado 24 de septiembre en la sede de CEIM-CEOE, al que acudieron más de 250 asistentes de entidades de formación, agentes sociales y administraciones públicas.

La jornada, organizada por AMACFOR-CECAP Madrid, fue inaugurada por su Presidenta, Mª Jesús Pérez, quien recordó que la Asociación está compuesta por 91 empresas asociadas y 300 centros que imparten formación en la Comunidad de Madrid y, por tanto, esta ley “que se ha aprobado con un consenso muy alto” nos coloca a los centros de formación “en una situación protagonista” y “queremos contribuir a que la formación para el empleo pueda mejorar”.

Una ley para una reforma necesaria

Manuel de la Rocha, Diputado PSOE y ponente en el Congreso de los Diputas de la Ley, destacó durante su intervención cómo la nueva norma es una ley de consenso para una “reforma necesaria”. En su opinión, “significa un cambio importante a la vez que mantiene una línea de continuidad de un sistema que tiene más de 20 años de experiencia”.

Hasta ahora, según De la Rocha, se había convivido en el modelo formativo con algunas disfunciones (en el marco competencial entre administraciones, falta de planificación o carencias en el modelo de gestión). La nueva ley plantea algunas cuestiones relevantes como el problema de la gobernanza del sistema, el modelo de cheques de formación o la utilización de centros públicos o el de la financiación de la formación.

En este sentido, de la Rocha recordó que hasta ahora la formación se financiaba a través de la ley de subvenciones, con la nueva ley se han abierto varias vías para la financiación de la formación. Por una parte “la posibilidad de aplicar la ley de subvenciones se establezcan módulos económicos específicos”. Otra fórmula es a través de la ley de contratos.

Un consenso sobre el que también incidió Jesús Barroso, Subdirector General de Políticas Activas de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Ha sido una ley con un altísimo consenso parlamentario, y que también ha tenido un altísimo recorrido, que con el trabajo de muchas personas ha intentado dar respuesta a diferentes sensibilidades e intereses a veces contrapuestos”. “Es la ley que ha sido posible con amplio consenso. Este amplio consenso le da garantía de continuidad”, concluyó.

La Administración Pública tiene la obligación de “favorecer que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la formación” y “no perder de vista que el objetivo fundamental de la formación es la mejora de la empleabilidad de quien recibe la formación y garantizar la estabilidad en el empleo de quien está ocupado”. Por ello, añadió Barroso, “es importantísimo el desarrollo que hagamos de la ley” e informó de que el Gobierno ya está trabajando sobre este aspecto.

Para Alfonso Luengo, Director Gerente de de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, “la formación debe ser cercana, amigable y al servicio de quienes la necesitan, empresas y trabajadores”.

En opinión del Director Gerente de la Fundación Tripartita, “hemos conseguido con el diálogo político sustituir el diálogo social” para sacar adelante una reforma del sistema de formación que tiene como punto esencial “la solidaridad” de las grandes empresas con las pequeñas y de los trabajadores ocupados con los desempleados.

Luengo habló del antes y el después de la Fundación ante el nuevo marco legal en el que, indicó, “se produce un realce funcional” en el que la composición de la Fundación cambia, dependerá no del número de Comunidades Autónomas que acepten estar, sino del Secretario de Estado del Ministerio de Empleo.

Formación para trabajadores y empresas

Por otra parte, Manuel de la Rocha, comparó los datos de personas formadas en los últimos años, donde se ha avanzado en este terreno pasando en 1992 de 200.000 trabajadores formados y 33.000 empresas, a los actuales, cerca de 4 millones de trabajadores que hacen formación en España, y cerca de 470.000 empresas.

Destacó especialmente el papel que la nueva norma tendrá en las pymes, que configuran cerca del 94% del tejido empresarial. En este sentido recordó que la ley trata de introducir mecanismos que posibiliten abaratarla de forma que sea posible acumular la cuota de formación al menos dos años o que puedan agruparse varios empresarios acumulando sus cuotas.

Una opinión con la que coincidió con Juan Pablo Lárazo, Presidente de CEIM, para quien “la formación es un elemento clave y estratégico de las empresas”, para la actualización constante de los trabajadores y la mejora de la empleabilidad. Una formación, indicó, que debe estar basada en el “diseño de acciones formativas adecuadas a cada sector y sistema productivo”.

Desde CEIM, apuntó, “hemos coincidido con otros agentes en la necesidad del cambio del sistema” porque la “formación es una obligación de los empresarios y un derecho de los trabajadores”.

En la Comunidad de Madrid, indicó Irene Navarro, Directora General de Formación “queremos capacitar para el empleo” y para ello es fundamental la colaboración con las entidades de formación con el objetivo de dar a conocer tanto los certificados de profesionalidad como los contratos para la formación y el aprendizaje.

Asimismo, Navarro, recordó la importancia de la teleformación en el ámbito de los certificados de profesionalidad, ya que es la que resulta “más sencilla para que el trabajador pueda acceder a la formación”. Un aspecto, el de la formación online, al que también se refirieron De La Rocha y Barroso quien apuntó el “importante esfuerzo” que se ha realizado para que la nueva norma introduzca esta modalidad de formación.

Sobre AMACFOR-CECAP Madrid

La Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación (AMACFOR-CECAP Madrid) congrega a los principales centros de formación de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivos potenciar la formación profesional para incrementar la capacitación y competitividad de las empresa, atender las necesidades formativas de la Comunidad de Madrid, acreditar a nuestros a alumnos para que puedan adaptarse al mercado laboral y conseguir mejores económicos y laborales, ofrecer a las empresas un medio fiable de valorar los conocimientos de sus empleados y colaborar en la difusión de la cultura, y promover las relaciones entre todos los sectores empresariales y la propia Administración Local y Autonómica para el desarrollo de actividades.